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La revista Proceso, difundió en su reciente edición del sábado 20 de marzo, que tanto litigantes, jueces como magistrados, buscaran la intervención del relator especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, para que dé seguimiento a lo que consideran amenazas a la autonomía e independencia del Poder Judicial, por parte del presidente #AndrésManuelLópezObrador.
El intenso reclamo de López Obrador, cobró mayor relevancia, luego de que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, suspendiera la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica. Dicha decisión, provocó enorme enojo e indignación en todo el gobierno federal, y sirvió para que la redes sociales y cibernautas afines a la Cuarta Transformación, lanzaran cualquier tipo de descalificaciones contra el Poder Judicial.
De hecho, AMLO envió una carta al ministro Arturo Zaldívar, exhortándolo a investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro. La petición hizo que jueces y magistrados alzaran la voz contra la presión del presidente de la República. La oposición, analistas, académicos e intelectuales, se sumaron al apoyo hacia los jueces, y hoy día todo está envuelto en un pelito de dimes y diretes.
El presidente incluso amenazó con reformar la Constitución.
“Agrupados en la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), los impartidores de justicia han solicitado a García-Sayán dar seguimiento a los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra un juez especializado en competencia económica que suspendió de forma definitiva la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica (LIE).
“Tras la andanada del presidente contra el juzgador federal, los jueces y magistrados mexicanos advierten que la amenaza no sólo radica en el uso de la conferencia matutina de López Obrador para exponer, de manera sesgada, los fallos incómodos del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, sino también en la propuesta gubernamental de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del propio PJF.
“Según los impartidores de justicia, esas normas establecen márgenes “muy discrecionales” para la suspensión y cambio de residencia, conocida como readscripción, de los impartidores de justicia. Las modificaciones, además, prevén eliminar la jubilación en caso de que los ministros en retiro reciban honorarios, como es el caso del ministro en retiro José Ramón Cossío, a quien el presidente acusó de actuar contra su gobierno y ser parte de los abogados que promovieron los amparos contra su reforma eléctrica”, destaca el reportaje de Proceso.
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